Ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana

I.- Introducción El 22 de diciembre, el Pleno del Congreso de los Miembros del congreso de los diputados aprobó el Emprendimiento de Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC), que en este momento empezará a tramitarse en el Senado, donde se estima que va a ser aprobado y remitido nuevamente al Congreso para su aprobación determinante en el primer período de tres meses de 2015. El artículo va a entrar en vigor por mes siguiente de su publicación en el Folleto Oficial del Estado (BOE), salvo ciertos preceptos relativos a la despenalización de los delitos actuales y su calificación como infracciones administrativas, cuya entrada en vigor se generará paralelamente a la de la reforma del Código Penal que en la actualidad se gestiona en las Cortes. No obstante, este Emprendimiento de Ley nació con una gran polémica, en tanto que ha justo el rechazo de adelante de toda la oposición parlamentaria y varios movimientos sociales, que la han calificado de “Ley Mordaza”, al estimar que podría vulnerar algunos derechos escenciales, como el derechos a la independencia de asamblea y manifestación, entre otros muchos. Sabiendo la enorme polémica que este artículo normativo ha generado en la opinión pública de españa, en el artículo pretendemos investigar objetivamente el artículo del Emprendimiento de Ley aprobado por el Congreso, que podría verse cambiado por la aprobación de enmiendas por el Senado. II.- Antecedentes y fundamentos de la Reforma Primeramente, cabe apuntar que el presente Emprendimiento de Ley viene a reformar la vigente Ley Orgánica 1/1992, de 1 de febrero, para la Protección de la Seguridad Ciudadana, que ha disfrutado de un razonable consenso entre las fuerzas políticas, si bien nació con una gran polémica, puesto que la Corte Constitucional declaró inconstitucional un precepto que dejaba el ingreso y registro de domicilios particulares por la parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (CFSE), en el caso de sospecha de la comisión de un presunto delito, sin autorización judicial anterior. Ello motivó que esa Ley fuera famosa por ciertos campos de la opinión pública como la “Ley Corcuera”, por el Ministro del Interior que ocupaba esa cartera en el momento en que se aprobó la Ley, o aun como la “Ley de la patada en la puerta”. Por este motivo, siempre y cuando se ha aprobado legislación sobre esta frágil materia, ha generado visibles críticas entre la opinión pública. ¿Cuáles son las causas que han animado la reforma? Según el Preámbulo de tal Emprendimiento de Ley (raramente, no se usa la denominación frecuente de “Explicación de Fundamentos”. Hasta la actualidad, la utilización de la denominación de “Preámbulo” se encontraba guardado al artículo constitucional o contenidos escritos estatutarios de las diferentes Comunidades Autónomas) , la reforma de la LOPSC está, por su parte, alentada por otra reforma, la del Código Penal, hoy día en trámite. Esa reforma del Código Penal despenaliza la mayor parte de las faltas o infracciones leves, basándose en el principio de mínima intervención del Derecho Penal, y las califica en este momento como infracciones administrativas, que, por consiguiente, habrán de ser dentro en el Emprendimiento LOPSC. No obstante, esta despenalización de las faltas representa una novedad trascendental que forma, por su parte, entre las primordiales críticas que ha justo el Emprendimiento de Ley: Hasta la actualidad, ya que estas formas de proceder estaban tipificadas como faltas o faltas, existía un control judicial previo. Correspondía al Juez de Instrucción elegir si una cierta conducta antijurídica era objeto de reproche penal como falta, y el supuesto infractor disfrutaba de todas y cada una de las garantías procesales, incluyendo la asistencia letrada a lo largo del desarrollo. No obstante, con la despenalización de los delitos, este control judicial previo desaparece. Es la Administración quien instruirá el expediente administrativo sancionador y va a decidir si esa conducta es digna de ser considerada infracción y, por consiguiente, acarrea una sanción, la mayoria de las veces económica. El control judicial va a ser a posteriori, y se efectuará por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, lo que acarreará el pago de tasas judiciales para conseguir la tutela judicial. Por consiguiente, se podría asegurar que se limitan los derechos escenciales de defensa y tutela judicial eficaz del ciudadano. El ciudadano deberá abonar un par de veces (la sanción y la tasa) para lograr reclamar frente a los Tribunales. Indudablemente, el Tribunal Constitucional se pronunciará sobre este tema pues es mucho más que previsible que la oposición parlamentaria recurra al TC esa regla, tras su entrada en vigor. El Preámbulo recopila asimismo otras causas que han animado la Reforma de la LOPSC. Una de estas causas es la necesidad de integrar al artículo normativo la mucho más reciente jurisprudencia contencioso-administrativa y TC, con la intención de conseguir una mayor garantía en el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. Otra de estas causas es la necesidad de amoldar la legislación a los avances sociales y tecnológicos que se han producido en los últimos tiempos y la necesidad de tipificar como infracción ciertas formas de proceder antisociales que usan medios telemáticos y también informáticos para su comisión. Tras mostrar los antecedentes y las causas que han animado esta Reforma de la LOPSC, pasamos en este momento a investigar su contenido: III.- Noticias mucho más importantes del Emprendimiento LOPSC III.1.- Definición y campo de app Entre las escasas noticias positivas que incluye El Emprendimiento de Ley es la primera definición de “seguridad ciudadana” que se incluye en un artículo normativo en España. El Preámbulo y el art. 1 del Emprendimiento la define como: “la actividad dirigida a la protección de la gente y los recursos y al cuidado de la calma ciudadana”. El instrumento que tiene el Estado para asegurar esa seguridad ciudadana es el Cuerpo y Fuerzas de Seguridad del Estado (CFSE), como lo reconoce el producto 104 de nuestra Constitución, si bien el producto 2 del Emprendimiento aclara que va a haber respeto a las competencias en temas de seguridad. de ciertas Comunidades Autónomas, y va a existir una angosta colaboración entre las diferentes Gestiones, tal como con compañías y personal de seguridad privada. Sin embargo, entre los objetivos del mencionado Emprendimiento que se recogen en su producto 7, al lado de la garantía del libre ejercicio de los derechos y libertades y la protección de la gente y los recursos, está asimismo “la garantía del habitual desempeño de las instituciones” . Esto es, en instantes en que el desempeño de la mayor parte de las instituciones es cuestionado por una gran parte de la ciudadanía, el sistema busca con esta regla garantizar su autoprotección en frente de las movilizaciones ciudadanas y manifestaciones masivas que tengan la posibilidad de darse más adelante. Por este motivo, el Emprendimiento fué criticado por distintas organizaciones políticas y sociales al asegurar que lo que se pretendía asegurar con esta normativa no era tanto la “seguridad ciudadana”, sino más bien el “orden público”, término con connotaciones que nos recuerdan tiempos pasados ​​en nuestra historia. III.2.- Identificación personal El Emprendimiento recopila el valor probatorio de la identidad del ciudadano tanto del Archivo Nacional de Identidad (DNI), como del pasaporte, tal como los derechos y deberes de los ciudadanos relacionados con exactamente los mismos, entre ellos, la exigencia de su custodia y el deber de hacer llegar en el instante su pérdida o pierdo a la CFSE, a los Juzgados, al Ministerio Fiscal o a las autoridades consulares de España en el extranjero. La mayor novedad reside en la oportunidad de integrar la firma electrónica en el DNI. Además, sigue la obligación de enseñar estos documentos a petición de los agentes de la CFSE caso de que, a juicio de los agentes, existan rastros de que están comprometidos en la comisión de una infracción o, en su caso, a juicio de agentes, para impedir la comisión de un viable delito. A esto se aúna su aptitud para contrastar su vericidad. En el caso de imposibilidad de identificación, sigue la capacitad de los agentes de la CFSE de llevar al ciudadano a las comisarías con el único fin de identificarlo, más allá de que se introducen 2 noticias importantes: el período máximo en el que tienen la posibilidad de mantenerse detenidos en tales dependencias por estos efectos van a ser de seis horas y no disfrutarán de ninguna de las garantías de la detención, en tanto que el ciudadano no va a tener tal condición. También, se prevé la presencia de un Libro Registro de Actas de Identificación, que va a ser comunicado, en su caso, a los órganos jurisdiccionales y al Ministerio Fiscal y va a ser cancelado de trabajo, pasados 3 años. Otra novedad importante en esta materia es la obligación de los extranjeros de custodiar y exhibir tanto la documentación expedida por su Estado de origen, como la documentación (permiso de vivienda y/o trabajo o NIE) expedida por las Autoridades españolas. III.3- Facultades de los CFSE El Emprendimiento de Ley, primeramente, regula una secuencia de facultades de policía de seguridad de los CFSE, entre aquéllas que están las próximas: a) Ingreso y allanamiento de domicilios y inmuebles de organismos oficiales: La presente redacción de la LO 1 /1992 se respeta. Solo se prevé la oportunidad de entrada sin autorización judicial anterior en casos de ruina inminente, catástrofe y siempre y cuando la entrada tenga por objeto resguardar a personas en grave peligro. En las situaciones de entrada a un hogar, la CFSE remitirá sin demora el acta de la diligencia al órgano jurisdiccional competente. b) Identificación de personas para la prevención de delitos o para la sanción de infracciones penales o administrativas: Ahora tratamos este tema en el apartado III.2 previo. La primordial novedad es que se establece una duración máxima de 6 horas a fin de que el ciudadano continúe en las instalaciones policiales a efectos de identificarle, al tiempo que la normativa vigente charla de “el tiempo indispensable para efectuar estas tareas de identificación”. c) Limitaciones de circulación , controles y registros en la vía pública en casos de perturbación real o previsible (esta es la noticia) de la seguridad ciudadana y de la convivencia pacífica y para efectuar trabajos de prevención (esta es de nuevo la noticia) y detención de quienes concurran en delitos de particular gravedad o producir alarma popular, y ocupación de elementos que de forma previsible (de nuevo, esta es la noticia) tienen la posibilidad de ser empleados para delinquir o modificar la seguridad ciudadana d) Una novedad esencial es la regulación por vez primera de los registros anatómicos externos, o sea, de lo que de forma coloquial se nombran registros anatómicos, es importante que se prevea de manera expresa que se tienen la posibilidad de efectuar contra la intención del ciudadano, empleando los medios represivos precisos. medidas De nuevo, van a ser los agentes de la CFSE quienes juzgarán exactamente en qué casos se tienen que efectuar estos registros. Y evidentemente, la palabra de los agentes de la CFSE disfruta de una presunción legal de certeza, con lo que va a ser bastante bien difícil que el ciudadano se oponga a esta clase de injerencias, si bien a veces podría ser abusivo. y también) Medidas poco comúnes, así como el cierre o desalojo de inmuebles o prohibiciones de paso en ocasiones de urgencia, que, de nuevo, van a ser ciertas por los agentes de la CFSE. f) Se legaliza una práctica que venían haciendo ciertos agentes de la CFSE, como grabar personas, sitios y elementos con cámaras de vídeo. En la mayor parte de las situaciones, se registran los competidores en manifestaciones y movilizaciones. Llama la atención que la conducta contraria, o sea, que los participantes de la manifestación o aun los cronistas graben a los agentes de la CFSE, se considera una infracción grave, sancionada con multas de entre 600 y 30.000 euros. Llama bastante la atención que el Emprendimiento de Ley dedique un apartado terminado (si bien solo se compone de 2 productos) a regular las facultades de los agentes de la CFSE con relación a las asambleas y manifestaciones, al tiempo que la Ley de hoy solo dedica un único producto. Este fué otro de los puntos mucho más criticados, en tanto que algunos campos políticos y sociales estiman que el Emprendimiento limita con seriedad el ejercicio de los derechos escenciales de asamblea y manifestación. Vamos a investigar si estas críticas están basadas o no. Primeramente, se prevé que las Autoridades van a poder adoptar las medidas primordiales para resguardar la celebración de asambleas y manifestaciones, eludiendo que se perturbe la seguridad ciudadana. Esta capacitad forma una novedad, que, en la práctica, permite a las Autoridades para accionar contra esos sujetos que tengan por misión modificar el habitual avance de una manifestación o concentración, ocasionando accidentes. No obstante, esto ahora venía ocurriendo en la práctica, si bien en este momento se le da cobertura legal a esa acción, indudablemente, efectiva. Sigue la oportunidad de disolver asambleas y manifestaciones en los presuntos previstos en el producto 5 de la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del Derecho de Asamblea. Por consiguiente, este aspecto tan criticado del Emprendimiento no es nada nuevo, puesto que esta predisposición legal ahora existe en el artículo vigente de la LO 1/1992. Además de esto, se agregan mayores garantías al artículo del Emprendimiento, al contar con que las medidas que se adopten van a ser graduadas y proporcionadas a la situación en verdad que existe, y que la disolución de la asamblea o manifestación va a ser una medida que se adopte siempre y en todo momento como última recurso, advirtiendo a los participantes de la manifestación o competidores anticipadamente, aun verbalmente, como fué hasta la actualidad. Sin embargo, la Ley prevé la disolución de la manifestación o concentración sin previo aviso si se altera la seguridad ciudadana con armas, artefactos explosivos u elementos concluyente o peligrosos o se altera el tránsito a través de la colocación de automóviles u óbices (barricadas), a juicio de los agentes actuantes. Por consiguiente, frente al menor hecho que se genere en una manifestación, esta va a poder ser diluida. Esta medida asimismo fué criticada, si bien en la práctica venía ocurriendo y al menor hecho grave, la concentración o manifestación se disolvía. La crítica que se puede realizar es que, de nuevo, son los agentes actuantes, que acostumbran a formar parte a las llamadas Entidades de Intervención Policial o entidades antidisturbios, y sus superiores, quienes deciden en el momento en que un preciso hecho es de semejante gravedad que incentiva la disolución de la manifestación o concentración, logrando generar teóricos exagerados del ejercicio de esta capacitad, pero que disfrutaría de cobertura legal. Además de esto, se establece un principio de colaboración entre los diferentes CFSE y otras policías autonómicas o locales en el ejercicio de estas competencias. Finalmente, se establecen ciertas facultades administrativas particulares, como las obligaciones de los dueños de ciertos establecimientos, como los hosteleros, y otras novedosas, como los locutorios, cerrajeros de seguridad, la venta de metales y elementos no hermosos, la venta de maravillas artísticas, centros de reciclaje, venta al por mayor de morralla o modelos de desecho o venta al público de artículos químicos peligrosos, tiene un registro reportaje de sus ocupaciones, predisposición de las Autoridades Administrativas y de la CFSE. Además, se establecen medidas de control en el campo de los espectáculos y actividades de ocio y deportivas, según la legislación concreta en todas y cada una de estas materias, tal como las ocupaciones de control de armas, explosivos, municiones y material pirotécnico. IV.- Infracciones y sanciones El Emprendimiento de Ley prevé una extensa selección de infracciones y sanciones, clasificadas en tres tipos: muy graves, graves y leves. Van a ser infracciones muy graves las concentraciones, manifestaciones en las inmediaciones o dentro de instalaciones que presten servicios básicos a la red social (aeropuertos, puertos, centrales eléctricas o nucleares, infraestructuras de telecomunicaciones), siempre y cuando generen peligro para la gente o perjuicio para su desempeño. En otro caso, estas formas de proceder se califican como infracciones graves. Por consiguiente, las manifestaciones de conjuntos ecologistas en centrales de energía nuclear o contra la prospección de petróleo o gas, como ocurrió últimamente en Canarias, formarían un caso de muestra de esta clase de infracciones. También, se tipifican como infracciones muy graves la fabricación y venta de armas, explosivos, municiones o productos pirotécnicos sin autorización, tal como la celebración de espectáculos públicos sin autorización. Finalmente, reciben esta calificación los actos de regentar haces de luz a los pilotos de aeronaves oa los conductores de otros medios de transporte para deslumbrarlos y ocasionarles accidentes. Estas infracciones muy graves están sancionadas con multas de 30.001 a 600.000 euros. Se tipifican como infracciones graves una extensa selección de formas de proceder, entre aquéllas que resaltan: mítines o manifestaciones en oposición al Congreso o al Senado, aun en el momento en que las Cámaras no estén reunidas, mítines para eludir que un individuo sea echada de su hogar en el caso de desalojo, la negativa a disolver una manifestación no autorizada, la perturbación de la seguridad ciudadana en manifestaciones o acontecimientos públicos o de deportes y la provocación de incendios en la vía pública, la obstrucción de la vía pública con elementos o automóviles, la toma de imágenes de agentes de la CFSE en el ejercicio de sus funcionalidades, el consumo en la vía pública, establecimientos públicos o transporte colectivo de substancias estupefacientes, el traslado de personas en automóviles a fin de que logren entrar a estas substancias estupefacientes (los llamados “kundas” o “taxis de la sustancia”), esto es, una gran parte de las movilizaciones que se dieron en el último año, como las concentraciones de los distintos ciudadanos en interfaces frente al Congreso (“rodear el Congreso”) o las concentraciones para eludir desalojos de organizaciones como la PAH, están tipificadas como infracciones administrativas graves. . Este suceso fué muy criticado por la oposición parlamentaria y por varios conjuntos sociales, calificando el Emprendimiento de Ley como represor del derecho de manifestación y asamblea, con lo que se le ha llamado “Ley Mordaza”. Al lado de estas formas de proceder, asimismo se está regulando por vez primera en este país en todo el país una actividad tan discutida como la prostitución, que hasta la actualidad solo había sido regulada en ciertos ayuntamientos y Comunidades Autónomas. De ahora en adelante, se sancionará a los clientes del servicio que pidan este género de servicios sexuales en la vía pública, siempre y en todo momento que estén en las inmediaciones de centros académicos, parques o espacios de ocio premeditados a inferiores, o en cualquier caso en los que se ponga en riesgo la seguridad vial. bajo riesgo . Además de esto, la prostituta va a estar obligada a cesar en su actividad, y en el caso de desobediencia, asimismo se considerará que ha cometido un delito grave. Este último aspecto fué criticado por organizaciones en defensa de este conjunto popular por estimar que se “castiga” el mero ejercicio de esta actividad por la parte de estas personas. Las penas con las que se castigan este género de infracciones graves fluctúan entre los 601 y los 30.000 euros. Al final, se tipifican como infracciones leves formas de proceder como el desacato a los agentes de la CFSE, la ocupación de inmuebles o espacios públicos, siempre y cuando no forme delito, pero asimismo teóricos curiosos como la desidia en la custodia de la documentación personal. , esto es, la pérdida del DNI o pasaporte en 3 o mucho más oportunidades en el transcurso de un año. En estas situaciones, las sanciones oscilarán entre los cien y los 600 euros. Además de esto, el Emprendimiento de Ley reconoce por vez primera la compromiso caritativa de los progenitores y/o tutores legales por los ilegales realizados por inferiores de dieciocho años calificados como infracciones administrativas de los preceptos de la LOPSC. Finalmente, el Emprendimiento de Ley asimismo introduce una esencial modificación de otra regla. Charlamos de la llamada Ley de Extranjería, y esa modificación no es otra que la de aceptar las llamadas “devoluciones en ardiente” de inmigrantes que cruzan ilegalmente la valla que divide Ceuta y Melilla de Marruecos, y que tanta polémica ha provocado en tiempos recientes. Esta medida asimismo fué criticada por conjuntos sociales defensores de los inmigrantes por estimar que se vulnera el trámite administrativo de expulsión sosprechado en la Ley, pero en este momento, al recibir cobertura legal, se legitima una práctica que se venía haciendo, y que si bien logre parecer Inhumano, a nuestro juicio, es requisito, por la condición de España de frontera exterior de la UE y por la masificación de los CETI tanto en Ceuta y Melilla como en el resto del territorio nacional.

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